La participación electoral es una obligación

Los sistemas de gobierno democráticos constituyen instrumentos fundamentales para que la ciudadanía pueda manifestar sus intereses y necesidades, mediante formas de expresión política fundamentales en el principio del respeto a la decisión de las mayorías y la promoción del bienestar para todos los miembros de la sociedad.

El sistema educativo tiene la obligación de formar individuos para que asuman su responsabilidad social en los procesos de elección.
La ciudadanía es un compromiso de elegir a las autoridades como nuestros representantes.
Implica ejercer un papel activo en todos los procesos electorales y exigir una rendición de cuentas deforma que la sociedad civil ejerza la defensa de sus derechos asumiendo con responsabilidad los deberes que dicha acción conlleva.
La ciudadanía tiene el poder
La ciudadanía activa es la que fortalecerá el sistema democrático, ya que implica no sólo la asistencia a los procesos electorales, sino también la exigencia de la rendición de cuentas a quienes nos gobiernan.
Una cultura electoral requiere del fortalecimiento del sistema democrático, que consta de transparencia en la función política tanto como rendición de cuentas por parte del gobierno. 

Desde el 7 de noviembre de 1949 se creó el tribunal supremo de elecciones cuyo algunas de sus funciones básicas son:

• Convocar a elecciones populares.
• Dictar, con respecto a la fuerza pública, las medidas pertinentes para los procesos electorales se desarrollen en condiciones de garantía y libertad .
• Nombrar los miembros de las Juntas Electorales.
• Efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos y hacer la declaratoria de las elecciones.
• Conocer en alzada las resoluciones apelables que dicte el Registro Civil y las Juntas Electorales.
• Investigar por sí mismos o por medio de los delegados, y pronunciarse con respecto a toda denuncia formulada por los partidos sobre parcialidad política de los servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos, o sobre actividades políticas de funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas.
• Interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y legales referentes a la materia electoral.